Estamos en carnaval y en precampaña electoral y no me queda muy claro si las declaraciones de Soraya Sainz de Santamaría sobre la corrupción se enmarcan en lo primero o en lo segundo.
“Aprobamos el mayor programa anticorrupción de toda la democracia” se ha descolgado diciendo la vicepresidenta en uno de esos ataques de verborrea extemporánea que la caracterizan. ¡Ahí lo dejo!, le ha faltado decir.
Y no sé si lo hace para ganar votos, que sería por la precampaña o lo hace por carnaval para disfrazarse de algo que todos sabemos que el Partido Popular no es ni será nunca: baluarte contra la corrupción. De ahí mi duda.
Porque ese programa es un conjunto de setenta medidas que ya eran antiguas cuando el mundo era joven, que se encuentran paralizadas y perdidas en los pasillos del Congreso, que han originado un portal de transparencia en Internet que aporta datos cercenados, viejos e inútiles a los ciudadanos que lo consultan.
Es un programa absurdo, que no entra en la financiación de partidos, que no ahonda en las contrataciones públicas, que no modifica el sistema de selección de los cargos de libre designación.
Que no aborda, vamos, los principales elementos que generan la corrupción y el nepotismo desde los tiempos del emperador Tiberio -que por cierto, sí legisló sobre esas cosas. Que no es cosa de rojos-.
Pero, tal y como yo lo veo, se va pareciendo cada más a una máscara carnavalesca cuando te das cuenta de que no han hecho nada porque sea retroactivo o al menos lo parezca.
Soraya, el ministro de interior y todos los inquilinos de Moncloa y Génova, 13, tan dados a intentar cargarse el principio de retroactividad legal en otros asuntos, que se han enfrentado a cara de perro al Alto Tribunal de Derechos Humanos por la Doctrina Parot, aquí no hacen nada en esa dirección.
Aprueban la ley pero no sacan de sus filas a todos aquellos que la incumplieron antes de aprobarla, a todos sus diputados, senadores, presidentes autonómicos, ministros, secretarios de Estado, alcaldes, concejales y demás cargos que no justificaron sus viajes, tiraron de gastos oscuros o de difícil justificación, que colocaron a familiares como cargos de libre designación, que negaron a la oposición y los ciudadanos el acceso a datos de carácter público, que parcelaron adjudicaciones de obra para poder dárselas a sus socios y empresas interpuestas...
Porque aunque la ley no sea retroactiva -y está bien por principio de justicia, aunque nos moleste, que no lo sea nunca, ni para los terroristas, ni para los corruptos, ni para cualquier otro delincuente o criminal- eso les impediría castigar como Gobierno la corrupción pretérita de sus rivales políticos, la del PSOE o incluso la tan aireada irregularidad fiscal de Monedero, el número dos de Podemos. pero no les impediría hacer retroactiva la lucha interna contra la corrupción y por la transparencia. Eso sí podrían hacerlo. Es solamente una decisión de partido.
Y como no se ha tomado, como se sigue protegiendo y ocultando a los corruptos propios y mostrando tan solo las incorrecciones ajenas, convenientemente magnificadas, lo de Soraya Sainz de Santamaría se antoja claramente un disfraz.
Un disfraz innecesario por otra parte pese a la precampaña y a las elecciones. Porque una máscara tan obvia y evidente es imposible que le haga ganar votos.
Feliz Carnaval a todos y sabios sufragios en las próximas elecciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario