Mientras nos hacen mirar a lo esencial, o sea hacia la debacle futbolística patria, la proclamación, coronación o como quiera llamarse, el derrumbe del PSOE o el estéril debate sobre si Podemos o no Podemos, resulta que los inquilinos de Moncloa siguen a lo suyo, siguen con el impulso soterrado y apenas contenidos de revertirnos a la más absoluta de las barbaries gubernamentales.
Siguen con sus leyes y la aplicación de las mismas. Y no es cuestión de referirse a la enésima matización de la Ley de Trasparencia para dejar fuera del cristal de la justicia al rey que ya no es rey o al reblandecimiento de última hora -que era mucho más que previsible- de la Ley del Aborto.
Comienzan a llegar las sentencias y empezamos a descubrir que hemos vuelto a los tiempos de Víctor Hugo, a las sociedades en las que los procesos, las denuncias y las sentencias judiciales no servían para aplicar la ley sino como herramienta represiva de gobiernos que no toleraban la protesta ni por supuesto la disensión.
Se condena a seis meses de cárcel a sindicalistas, a paradas, a trabajadores, por participar en piquetes porque la policía dice que "intentaron intimidar a una persona"; se sentencia a tres años de cárcel a sindicalistas que cortaron una carretera, a manifestantes que hicieron cadenas humanas o resistencia pasiva a la policía o la Guardia Civil.
Se convierte la justicia en un elemento represivo, en una forma de propaganda ejemplificante que manda el mensaje a la población de que toda protesta es delito, de que oponerse al gobierno se paga, de que es mejor aguantar que resistir, conformarse que planta cara.
Se cambia radicalmente el sentido del crimen, de lo que es y no es legal. Se busca imponer una nueva percepción de lo que es delito.
Una vez más nuestros gobiernos se inspiran en nosotros, en nuestras acciones sociales y personales como orgullosos occidentales atlánticos y utiliza la herramienta de defensa que más nos gusta: el silencio.
Como nosotros silenciamos y criticamos las voces de aquellos que nos dicen la verdad, que nos muestran nuestros defectos, nuestras carencias y nuestras mentiras, como condenamos al silencio a todos aquellos que no nos dicen lo que queremos oír en el trabajo o la vida privada, en la familia o en la amistad, nuestro gobierno pretende imponer el silencio a todos los que no piensan como él, los que no se expresan por los cauces que él controla con mayoría absoluta y que no le dicen lo que quieren oír.
Discriminan el crimen y el delito dependiendo del autor.
Algo que ya empezara el gobierno anterior en su malhadada Ley de Violencia de Género, es llevado a su máxima expresión por los actuales hacedores del desconcierto que gobiernan en nuestro país.
Y además lo hacen a nuestro modo, como a nosotros nos gusta.
Lo que otros nos hacen a nosotros está mal, es reprochable, es injusto, pero si lo hacemos nosotros siempre tiene una justificación. Como nosotros, si nos mienten es imperdonable, pero si mentimos es justificable; si nos hacen daño es cruel pero si lo hacemos nosotros no somos responsables; si van a por nosotros es un acoso intolerable pero si enfilamos a alguien en el objetivo de nuestra rabia -sea justificada o no- ellos se lo han buscado.
Es tan nuestro, tan occidentalmente infantil y egoísta, que extraña que no lo hayan hecho antes.
Y no es solo por el enjuiciamiento de centenares de manifestantes y sindicalistas aplicando la Ley Mordaza que el Ministerio de Interior utiliza como arma de silenciación masiva, sino por la mezcla con otra serie de leyes y acciones que transforman los tribunales en una herramienta más de gobierno por el miedo.
Así, un sindicalista echa agua sobre el coche de un trabajador que quiere trabajar en un día de huelga y va seis meses a la cárcel mientras Esperanza Aguirre huye de la justicia tras arrollar la moto de un policía y tan solo es una falta; una parada participa en un piquete y va a la trena pero un Guardia Civil graba la agresión sexual de su amigote en un tren mientras se parte de risa y es indultado; un manifestante opone resistencia pasiva a un desalojo y acaba de patitas en la cárcel mientras un empresario que amenaza públicamente con el despido si se hace una huelga recibe tan solo una multa simbólica; el hijo de Gallardón se da a la fuga tras un atropello y no pasa nada pero unos sindicalistas cortan el tráfico y son condenados a tres años.
Un tuitero suelta exabruptos sobre la muerte de una diputada del PP y es detenido, cientos de tuiteros escondidos en banderas de España piden la cabeza y el ahorcamiento de todos los rojos de España y siguen a lo suyo; alguien habla más sobre el rey o pide la cabeza de los borbones en una pica y es detenido ipso facto, otros amenazan a partidos enteros con la repetición de matanzas históricas y después de subirlo a las redes siguen ligando tan campantes en Twitter.
Lo que no quiero que me hagan a mi sí consiento a los míos hacerlo a los demás. El Delito de Autor en su más pura, egoísta e injusta expresión.
Y ahí no queda la cosa.
En el cenit del rocambole, deciden que el crimen, el de verdad, el que mata, extorsiona y aplasta la humanidad de su víctimas, es fuente de riqueza.
Aconsejados por la UE -¡qué ya le vale!- incluyen el PIB los beneficios del narcotráfico, de la prostitución, del contrabando, del crimen organizado en general.
O sea que cuadran las cuentas a costa de la muerte, el dolor y la sangre.
¿Cómo perseguirán entonces ese crimen organizado si cuando lo erradiquen la prima de riesgo se disparará por el descenso del PIB?, ¿que harán cuando la deuda pública vuelva a superar el 100% del PIB?, ¿pedirán a las mafias que delincan más y con más insistencia, que vendan más drogas y más armas en las calles, que exploten a más mujeres y hombres en sórdidos pisos y garitos de autopista, que introduzcan más tabaco o saquen más coches robados de contrabando?
De pronto por arte de la magia de su miedo a no poder revertir la sociedad para volver al modelo en el que ellos siempre perseveran, manifestarse es peor que traficar con droga, un piquete es más delictivo que un burdel poblado de esclavas sexuales, tirarle agua a un coche es un crimen y extorsionar es una actividad que contribuye a la riqueza nacional.
Siempre y cuando no seas de los suyos. Porque si lo eres ni el delito ni el crimen se contemplan como una posibilidad. Y si hay que hacer una ley instrumental solo para protegerte, pues se hace.
Para eso están los gobiernos. Uy, perdón!, quise decir los amigos.
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