Leire y el consenso no eligen bando en los desahucios

El acuerdo, la consecución de una entente o un consenso es una de esas necesidades reversibles que pueden volverse en contra de quien las maneja, que quien se aferra a ellas como forma más elevada, sino única, de gestión de lo común.

Y ese doble filo de la necesidad de consenso, de la bondad de llegar a acuerdos está sangrando y desangrando la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso. Y no lo está haciendo en temas que puedan ser importantes pero de un interés relativo para el conjunto de la población, no lo está haciendo en esas materias que rozan lo arcano para casi todos por lo inextricables. Lo está haciendo con el cuerpo mismo de la sociedad, con aquello que la está desgarrando desde abajo y que amenaza el futuro de todos.

Lo está haciendo con los desahucios, con la Ley Hipotecaria.

Porque en ese impulso de acuerdo y de consenso, la Comisión no escuchará, no convocará, a aquellos que por primera vez -por lo menos que se recuerde- en la historia de la democracia, han descendido a la cada vez más macilenta trinchera desde la que tienen que luchar la sociedad por sus derechos: los jueces.

En una comisión que aborda una ley novecentista que está abocando al desastre vital a miles de familias españolas, José María Fernández Seijo, el juez que recurrió ante el Tribunal de Justicia de la UE la normativa española en esta materia no será escuchado; en una comisión que ha de estudiar las reformas necesarias para evitar que desde el más arcaico de los modelos históricos sigan llegando puñales que se claven en la espalda de nuestro futuro, Manuel Almenar, vocal del Consejo General del Poder Judicial que, con su informe, desató uno de los hitos de compromiso social de la judicatura española que sin duda pasarán a la historia no estará entre los escuchados.

Y no estarán porque el Partido Popular no los quiere escuchar, no estarán porque el Gobierno no quiere que gentes a las que no puede catalogar de antisistema, de perroflautas o de radicales revolucionarios le argumenten su vergüenza con luz y taquígrafos, porque Moncloa no quiere que aquellos que saben de la ley y de su aplicación le espeten en la cara que tiene que cambiarla, que es solamente una excusa para defender lo indefendible, para mantener los privilegios financieros del estamento bancario que no quiere cambiar porque no le conviene.

No estarán porque el PP no quiere, pero no estarán tampoco porque la portavoz del PSOE, Leire Iglesias, lo consiente.

Obligado a pasar el desierto de su derrota electoral, arrastrado a atravesar el tumultuoso Rubicón de su reconstrucción ideológica, el PSOE cree que necesita vitorias, que necesita acuerdos, que necesita consensos para demostrar su utilidad en un mapa político tan monocromático como aplastante en el que la mayoría absoluta es un hecho incontestable.

Y es posible que en otras cosas eso sea cierto, pero en esto no. En la Ley Hipotecaria no. En los desahucios no.

No se puede buscar el acuerdo por un simple motivo. Se sabe de antemano que el acuerdo es imposible.

Porque todos y cada uno de los actos del PP en esta materia han estado encaminadas a la protección de los hipotecadores en detrimento de los hipotecados. Porque todos y cada uno de los ámbitos de gobierno de Moncloa están salpicados, jalonados e impregnados de ese deseo de defender los intereses bancarios a toda costa.

Porque se ha recortado de todos y de todo para dárselo a ellos; porque se ha pedido dinero a Europa para dárselo a ellos, porque se han subido los impuestos para entregarles la recaudación como un diezmo sagrado medieval, porque se ha creado un banco estatal que perderá dinero a espuertas para que ellos no tengan que cargar con sus pérdidas.

Todo acuerdo es imposible porque el PP ya ha elegido en este asunto y no ha elegido a la sociedad.

Y persistir en intentar un acuerdo, un consenso, una entente, cuando la otra parte no está dispuesta a ellos, cuando el de enfrente ya ha comenzado las hostilidades y se arma para continuarlas es arriesgado e incluso pueril. Dos no pueden entenderse si uno no quiere.

Acordar con el PP que esos jueces, que esos magistrados expertos y críticos, no tengan voz en esa comisión, es un acuerdo baladí y no hay victoria pírrica que pueda consolarnos porque cualquier victoria se llevará por delante a demasiada gente, a demasiadas vidas, a demasiados futuros.

Acordar unos expertos bancarios en esa comisión es tan inútil como  los intentos de acuerdo y de dialogo de tiempos pretéritos, como discutir la canción que toca la orquesta mientras se hunde el Titanic.

Suicida como el intento de consenso de Inglaterra y Francia con la Alemania de los años cuarenta se llevó por delante a Austria y Checoslovaquia antes de que se dieran cuenta en Polonia de que todo acuerdo era imposible; absurdo e inútil como los sucesivos acuerdos de Escipión con sus sucesivos homólogos cartagineses fueron cambiando las líneas fronterizas en Hispania hasta que ambos se dieron cuenta de que la necesidad de uno y otro de controlar el Mar Mediterráneo los hacía inútiles y solamente el enfrentamiento podía dirimir esas diferencias.

Porque cualquier cosa que pueda conseguir el PSOE a cambio de aceptar el silencio de esas voces en la Comisión es una derrota no para el partido socialista sino para todos nosotros

Porque escuchar a los afectados solamente aportará el testimonio del sufrimiento y de la desesperación ya conocidas, ya reflejadas en los medios, ya vividas por todos aquellos que día tras día nos colocamos en un portal para intentar evitar lo que el Gobierno ha convertido en inevitable; será impactante, será sentido, pero será reiterativo; porque escuchar a los expertos hipotecarios que hablen en nombre de la banca no dirá nada nuevo que su hipócrita teoría de que a ellos hay que ayudarles pero ellos tienen patente de corso para mirar solamente por sus intereses. Solamente reforzara la posición que el Gobierno ha decidido ya mantener.

Lo único que serviría de algo es que dos individuos togados atravesaran la sala y les señalaran con el dedo, que dos individuos que saben de ley y de justicia y que son autoridades en la materia les dejaran muy claro que esa ley es injusta y que es su obligación como legisladores cambiarla si no quieren que los magistrados se vean obligados a no aplicarla, colocándose por ética en el mismo limite interno de la prevaricación formal.

Y eso no ocurrirá. No ocurrirá porque no lo quiere el PP y porque el Partido Socialista, en un error de bulto, que confunde la bondad del consenso con su necesidad, lo ha permitido.

Todos sabemos lo inútil y vagamente mediático que es abordar este asunto en una comisión que está controlada por el PP gracias a su mayoría absoluta, como lo está toda la actividad parlamentaria. Todos sabemos que solamente se hablara unos días para terminar concluyendo que la reforma que necesita la Ley Hipotecaria es la que necesitan los bancos, que son a fin de cuentas los que dictarán palabra por palabra el texto de esa ley.

Pero si Almenas y Fernández Seijo hubieran sido convocados por los que iban a perderlos, habrían dejado claro que el PP no quiere escuchar lo que tienen que decir y el PSOE sí, que el Gobierno no está dispuesto a oír otra voz que la de los susurros financieros que dirigen sus acciones, que los expertos de esa comisión no son los mejores expertos posibles, son los expertos que el Gobierno quiere porque le dicen lo que quiere escuchar.

La batalla se habrá perdido igual porque ya estaba perdida en los pasillos del Congreso y en la urnas de los pasados comicios, La Ley Hipotecaria seguiría como está o con modificaciones que apenas afecten a su fondo y seguirá tocarnos levantar cada día más trincheras, más cadenas de protección delante de las puertas y portales de aquellos cuyos futuros esa ley se pretende llevar por delante.

Por eso cualquier intento de acuerdo o de consenso en esta materia se hace imposible. No se puede llegar a nada intermedio, no hay entente posible, hay miles de vidas y miserias en juego que se quedan en el camino. Hay, como siempre, que elegir y hacerlo claramente.

Así, al menos, sabríamos quién está en cada bando de esta guerra de todos contra unos pocos que van ganando por goleada esos pocos. Y saber quién está dispuesto a pelear contigo en una derrota cierta siempre es importante. No solo cada cuatro años. Lo es siempre.