Hay excusas posibles, excusas
plausibles y luego están las otras. Las excusas que se dan de pasada, así como
para ver si se aceptan si más y sin cuestionarlas. De las primeras los recortes
en educación tienen pocas, de las segundas casi ninguna y de las terceras están
llenos, prácticamente repletos a rebosar.
Esas excusas, que van desde la
ineptitud de los padres hasta la incapacidad genética de los alumnos, desde el
exceso de universitarios hasta la definición como regularizaciones de
acciones que son simple y llanamente drenaje continuado de recursos a la
educación pública, parecen responder a una crisis económica a un error de concepto
en los ahorros pero en realidad responden a otra cosa: a una voluntad decidida
de minimizar la presencia de la educación pública en la sociedad española.
Son situaciones y decisiones que en
principio parecen inconexas, que se antojan poco o nada relacionadas entre sí,
pero que en realidad suponen un esfuerzo concentrado por dinamitar la enseñanza
pública desde lo más profundo
Por un lado, está el repentino acoso
que se realiza sobre los profesores. En Valencia se les exige que den su
historial médico completo para ocupar una plaza o se obliga a los profesores de
baja a solicitar la incapacidad transitoria a los tres días de la baja, en
Castilla La Mancha que no hayan estado enfermos el año anterior para poder
optar a ella, en otras comunidades no se cubre una baja hasta que han pasado
diez días de su inicio.
Y así toda una suerte de nuevas obligaciones
-la mayor parte de ellas ilegales sino directamente inconstitucionales- que en
principio podrían explicarse con la excusa siempre utilizada de la necesidad de
ahorro, de la, como la llaman, "racionalización" de los recursos
públicos o cualquiera de los argumentos que se esgrimen.
Pero en realidad es otra cosa. El
ahorro con todas esas medidas e imposiciones es mínimo y la seguridad baladí.
Porque que hayas estado sano como un
roble el año anterior no garantiza en absoluto que no vayas a contraer una monomucleosis
de seis meses este ejercicio o que no te vayan a crecer en la garganta nódulos
del tamaño de pelotas de golf que te obliguen a una operación quirúrgica que
acarree una baja de nueve meses. Y defender lo contrario es tan absurdo como
afirmar que no puede ocurrir en el mundo nada que no haya ocurrido antes.
Porque que en tu expediente sanitario
completo no vean depresiones -que es de suponer que de eso va lo de exigir el
historial médico completo- o cualquier otro tipo de afección, intervención o
dolencia que entra dentro del rango de lo privado no implica que no vayas a
tenerla en otro momento.
Porque obligar a pedir una incapacidad
transitoria no solamente no ahorra sino que encarece la situación porque genera
gastos de tribunal médico además de la percepción del salario durante la baja.
Puede que lo pague otro departamento de la administración, pero sigue siendo un
gasto que se carga al Tesoro Público.
En realidad lo que se busca es que los
profesores no quieran o no puedan ser interinos en la educación pública, lo que
se busca son excusas para no cubrir las bajas, lo que se busca es generar
situaciones de hecho en las que un profesor, por mera responsabilidad
profesional y docente se hace cargo durante diez días de más grupos de le
corresponden y así poder presentar una situación recurriendo a la
explicación del hecho consumado: "si se puede cubrir la baja de esa manera
será que no hace falta una sustitución".
Lo que se busca es que los profesores
ya no consideren la interinidad en la educación pública como una forma más o
menos estable de ejercer el magisterio para que se resignen a buscar trabajo en
condiciones mucho más precarias en la educación privada donde no se les exige
ni la mitad de esos requisitos. De hecho, en muchos casos se les exigen muy
pocos con tal de que acepten las pírricas condiciones económicas que se les
ofrecen.
Y así conseguirán alterar la realidad,
alterar lo que no han conseguido cambiar hasta ahora, conseguirán una educación
pública que no sea la opción mayoritaria de la población por masificada, con
profesores extenuados, con padres que ven que no se ofrece con calidad ni con
seguridad, con alumnos que no la sacan provecho.
Y podrán decir: "Veis, ya lo decíamos, la educación pública es mala, los
profesores no se responsabilizan de ella. La opción es la educación privada
donde no suceden estas cosas".
Y todo va encaminado a esa situación.
Por eso acosan a padres que se dedican
a pintar el colegio de sus hijos para que no se caiga a cachos de humedades y
amenazan con denunciarles porque no saben si se han asegurado que la pintura
utilizada no es tóxica, por eso niegan la entrada a padres y madres que quieren
limpiar las aulas de sus hijos o a padres que quieren arreglar la caldera de la
calefacción del centro en el que estudian sus vástagos.
Más allá de los insultos y
descalificaciones extemporáneas de Wert hacia los padres que están hartos y
protestan por esas situaciones, les acosan cada vez que abren la boca, por eso
les acusa de no compensar las deficiencias que sus recortes provocan, por eso
se les conmina a convencerle a sus hijos de que se dediquen a estudiar lo que
les hace falta para sobrevivir en el escalafón más bajo de la cadena
alimenticia social en lugar de a tener otras expectativas.
Y todo suma y se encamina en esa
dirección.
En Jerez de La Frontera la alcaldesa
no tiene el más mínimo problema en cerrar los colegios y dejar a alrededor de
un millar largo de alumnos sin clase porque hay una huelga de limpieza. Ni
siquiera piensa en otra posibilidad, ni siquiera se devana los sesos para
buscar otra alternativa. Se limita a cerrarlos y mandar a los niños a casa. No
importa las clases que pierdan, no importan los días que dure la huelga. No
importa la educación. No es más que un daño colateral en su eterna guerra por
mantener unos recortes ideológicos y no imprescindibles. No firma un decreto de
alcaldía por el cual amenaza con rescindir el contrato a la empresa si en dos
días no realiza el servicio para forzarla a dar a las trabajadoras lo que les
corresponde -que puede hacerlo-, no monta una reunión para mediar entre las
partes. Echa el cierre a los colegios y a otra cosa.
Por eso en Sevilla ignoran que los
alumnos están limpiando silla, mesas y suelos por falta de personal y además
afirman que puede ser "una enseñanza adicional para ellos".
Por eso en Badajoz abren un expediente
de sanción y expulsión a una serie de alumnos por dejar varias ratas a la
puerta del despacho del director porque están hartos de encontrárselas en
patios y pasillos porque la campaña de desratización ha sido incluida
dentro de los recortes.
Por eso en Baiona no sustituyen los
libros que una librería no ha entregado a los alumnos pese a cobrar los cheques
de ayuda para libros y se limitan a decir que el asunto está en los tribunales
y que ellos no son responsables.
Todo ese acoso a profesores, padres y
alumnos no tiene nada que ver con los recortes, ni con las necesidades
financieras de gobierno o administración alguna. Esa solamente es la excusa. Y
no es posible ni plausible.
Todo suma para un solo objetivo:
impedir que la educación pública sea de calidad y sea la opción preferida por
la mayoría de los padres españoles a la hora de educar a sus hijos.
Y eso no lo exige una necesidad
económica. Lo impone una ideología. Haya crisis o no.
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